Uno de los pilares de nuestro sistema democrático es el derecho que tiene cada ciudadano de escoger el gobierno que los va a representar mediante el ejercicio de su voto. Para que cada ciudadano pueda ejercer efectivamente ese derecho, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se da a la tarea de establecer guías y procedimientos de manera que se garantice ese derecho fundamental del voto. Al establecer estos procedimientos, el estado procura que cada elector emita su voto de acuerdo a su conciencia, con la información necesaria para ejercer este derecho inteligentemente, de manera que se le asegure a cada elector la oportunidad de realizar un juicio informado sobre cada candidato y que su voz será escuchada.

El conocer la manera en que se financian las campañas en Puerto Rico, resulta ser piedra angular para poder ejercer un voto consciente. Esto hace necesario que exista legislación, reglamentación y un organismo que asegure el cumplimiento de las normas establecidas y que no permita actos que cuestionen la pureza del proceso electoral. Que se asegure que el resultado obtenido, refleje de manera real la voluntad de la mayoría del pueblo.

Desde la década del 1950, en Puerto Rico se ha establecido legislación para regular y reglamentar el financiamiento de las campañas políticas en el país: la Ley 110 del 1957, que estableció el Fondo Electoral; la Ley 4 del 1977 (“Ley Electoral de Puerto Rico”) que preservó el Fondo Electoral, declarando los límites y restricciones sobre las contribuciones y estableciendo los requisitos de contabilidad e informes económicos de partidos y candidatos, los cuales se originaron por la mencionada Ley 110. La Ley Electoral, a su vez, tuvo varias enmiendas pertinentes a la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas. Entre estas: la Ley 35 del 1983, la Ley 113 del 2000, y la Ley 115-2003, la cual creó la Oficina del Auditor Electoral, supeditada a la estructura jerárquica de la Comisión Estatal de Elecciones.

No obstante, no es hasta el 2011 que se toma una medida muy distinta a las anteriores que se habían adoptado. El 18 de noviembre del 2011, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley 222, titulada “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas de Puerto Rico”. Bajo esta Ley se crea la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico.

La Oficina del Contralor Electoral es una agencia creada con el propósito de poner en vigor la Ley 222; fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico. La OCE, según sus siglas, sustituye la Oficina del Auditor Electoral, la cual estaba adscrita a la Comisión Estatal de Elecciones y transfiere su jurisdicción a esta nueva agencia. Por este medio, se crea un ente fiscalizador con las herramientas necesarias para realizar un trabajo independiente sin sujeción a la CEE ni a los partidos políticos, con autonomía estructural, operacional y legal necesaria para supervisar y fiscalizar adecuadamente los donativos y gastos de campañas políticas en nuestro País.

La OCE tiene bajo su jurisdicción a todos los comités políticos que pretendan de alguna manera participar en el financiamiento de campañas políticas. Todo comité político bajo la jurisdicción de la OCE viene obligado a presentar ante la agencia una Declaración de Organización, este es el documento mediante el que se registra cada estructura financiera de cada comité. De igual forma, todo comité viene obligado a presentar informes financieros en los cuales detallan todas las transacciones de ingresos y gastos que se lleven a cabo dentro del periodo que pretenden informar. Estos informes estarán sujetos al estudio y escrutinio de la División de Auditoría de Donativos y Gastos de la OCE, en la cual los auditores que la componen cotejarán que todas las transacciones económicas en estos informes se hayan realizado de acuerdo a la Ley 222, sus reglamentos y el ordenamiento promulgados por la OCE. La Junta de Contralores Electorales, ente nominador de la OCE, podrá imponer sanciones a aquellos comités o individuos que realicen alguna transacción en contra versión a lo establecido en nuestro ordenamiento.

De esta manera la OCE se asegura de proveer a nuestro proceso electoral la equidad y transparencia dentro del proceso electoral y la neutralidad de los poderes públicos al garantizar un proceso de financiamiento de campañas justo e íntegro que permita al elector tomar una decisión informada.